Preguntas y respuestas sobre la decisión del Circuito sobre la Junta de Control

Preguntas y respuestas sobre la decisión del Circuito sobre la Junta de Control

20 de febrero de 2019

 

Decisión del Primer Circuito Declarando Inconstitucional el Nombramiento de los Miembros de la Junta de Control Fiscal bajo PROMESA

 

Como los maestros probablemente conocen, el Gobierno de Puerto Rico (“ELA”) está en un procedimiento de quiebra bajo la ley federal llamada PROMESA, la cual impone una Junta de Supervisión Fiscal de siete (7) miembros (la “Junta”).

 

La AMPR y su filial nacional, AFT, han estado luchando arduamente por los derechos de los maestros del sistema educativo de Puerto Rico en el caso de PROMESA.

 

Algunas de las partes en el caso de PROMESA, compuestas por bonistas del ELA han impugnado la constitucionalidad de PROMESA porque dicha Ley Federal no requiere que los miembros de la Junta (El Sr. Carrión III, la Sra. Ana Mato Santos y sus otros cinco (5) miembros) sean nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado de los Estados Unidos.  Los miembros actuales de la Junta no fueron nombrados de esa manera; más bien, fueron nombrados a través de un método alterno establecido en la propia Ley PROMESA basado en una lista enviada por el Congreso al entonces Presidente Obama.

 

¿Qué determino la Juez Swain?

         

          La juez Swain, quien preside el caso de PROMESA del ELA  determino hace unos meses atrás que los miembros de la Junta no tenían que ser nombrados bajo la "cláusula de nombramientos" (“Appointment Clause”) de la Constitución de los Estados Unidos y que PROMESA es Constitucional.

 

          El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito (“Primer Circuito de Boston”), determino que los miembros de la Junta son oficiales federales, según definido en la Constitución de los Estados Unidos, y que, por dicha razón tienen que ser nombrados de acuerdo con la cláusula de nombramientos, lo que significa que tenían que ser nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado de Estados Unidos. 

 

          El Primer Circuito de Boston aclaró en su Opinión que, aunque las secciones de PROMESA que determinan la forma en que se realizan los nombramientos de los miembros de la Junta es inconstitucional, los casos de quiebra de PROMESA iniciados bajo el Título III de PROMESA para el ELA y sus instrumentalidades (AEE, COFINA, Carreteras, Sistema de Retiro), continuarán, y que todo lo que ha ocurrido en dichos casos de quiebra es válido.

 

¿Qué pasa ahora?

         

          La Junta actual continuará operando durante los próximos tres (3) meses porque la decisión del Primer Circuito de Boston no advendrá efectiva o permanecerá en suspenso durante 90 días para permitir que el Presidente y el Senado (mayoría republicana) validen los nombramientos de los actuales miembros de la Junta y/o nombren nuevos miembros para la Junta. En cualquiera de los dos alternativas, cumpliendo con el requisito de que sean nominados por el Presidente y confirmados por el Senado.  

 

¿Qué hará el Presidente?

 

          Es muy difícil de predecir qué hará el Presidente Trump, pero se tiene que tomar en cuenta que algunos miembros de la Junta actual fueron nombrados por recomendación de Senadores y Representantes Demócratas en el Congreso. El Presidente Trump y Senado Republicano actual pueden querer designar nuevos miembros a la Junta que esten totalmente alineados con las ideologías republicanas--que desafortunadamente no son típicamente favorables a los maestros y empleados públicos.

 

¿Cuáles son los próximos pasos en esta controversia sobre la constitucionalidad de la Junta y PROMESA?

 

          Es probable que tanto la Junta como los bonistas que impugnan la constitucionalidad de PROMESA soliciten al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que revise la decisión del Primer Circuito de Boston, pero basado en diferentes razones.   Los miembros la Junta desearán que se declare constitucional la disposición de la ley PROMESA que los nombró.  Mientras que los bonistas que impugnaron la constitucionalidad querrán que el Tribunal Supremo confirme al Primer Circuito de Boston en su dictamen de que PROMESA viola la cláusula de nombramientos. Es probable que los bonistas soliciten además al Tribunal Supremo que en su Opinión vaya más allá de lo que determino el Primer Circuito de Boston y acoja el reclamo que tanto la Juez Swain como el Primer Circuito denegaron a los bonistas, de desestimar los casos de quiebra del ELA y sus instrumentalidades presentados bajo el Título III de PROMESA en su totalidad, invalidando así todos los que ya tuvo lugar en los casos de Título III de PROMESA, incluyendo el acuerdo entre el ELA y los bonistas de COFINA.

 

¿Por qué querrían los bonistas desestimar la quiebra bajo PROMESA?

 

          Cada parte tiene una perspectiva diferente; por ejemplo, los bonistas que solicitan la desestimación esperan poder actuar sin ningún impedimento para cobrar las deudas adeudadas por el ELA.

 

¿Cómo afecta esto a los maestros y a largo plazo la viabilidad de la isla?

 

          Una vez más, es difícil de predecir, pero AMPR y AFT están evaluando al presente cómo posicionarse ante la incertidumbre y preocupación política creada por esta decisión del Primer Circuito de Boston, para avanzar los mejores intereses de los maestros.

 

 


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