AMPR PRESENTA RECURSO LEGAL PARA DETENER EL CIERRE DE ESCUELAS

AMPR PRESENTA RECURSO LEGAL PARA DETENER EL CIERRE DE ESCUELAS

Tras una reunión con maestros, padres y portavoces de comunidades escolares en toda la Isla, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) tomó acción legal para detener el proceso de cierre de escuelas anunciado hace unas semanas por el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez. 

El injuction preliminar y permanente, presentado el viernes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicita un cese y desista del procedimiento de consolidación de escuelas establecido en la Carta Circular Número 25 2014-2015. 

 Precisamente ese documento, alegan los maestros, padres y portavoces de los planteles, fue violado por el Departamento de Educación y su secretario, pues no se consultó al consejo escolar de las escuelas, organismo que representa a toda la comunidad en los asuntos que afectan al plantel y toma decisiones relacionadas a la escuela. 

“Al no cumplirse con las disposiciones de la Carta Circular 25 2014-2015 la determinación de cierre de escuelas de los demandantes fue realizada en contravención con el Derecho Constitucional al debido procedimiento de ley que asiste a los demandantes. Esto, en la medida que la agencia ordena el cierre de las mismas sin realizar el procedimiento que está obligado a efectuar mediante su propia reglamentación”, reza parte del documento firmado por el representante legal de la AMPR, Rafael Nadal Arcelay. 

El recurso legal presenta, entre otras cosas, que el DE incumplió con el procedimiento establecido en la carta que dispone que el comité evaluador visitará las escuelas recomendadas para cierre para validar la información recopilada y que su consolidación procede, citar al director de la escuela para presentar los hallazgos de la evaluación del plantel y ese funcionario, a su vez, se reuniría con el consejo escolar para que ese organismo se expresara sobre la recomendación de consolidación. 

“Ante la ilegalidad perpetuada por la agencia, los demandantes se ven privados de su escuela, sin que el Estado haya realizado el procedimiento con el que está obligado a cumplir. El daño ocasionado a los demandantes al decretarse el cierre de la escuela es uno irreparable al estos verse privados del plantel mediante una privación de sus derechos constitucionales. La determinación del DE impone a los demandantes una carga altamente onerosa, pues al verse ilegalmente privados de su escuela, se ven obligados a trasladarse a mayores distancias para acudir a otros planteles escolares”, agrega el documento. 

En tanto, la presidenta de la AMPR, Aida L. Díaz, indicó que la entidad que dirige continuará en defensa de la educación pública puertorriqueña para que no se violen los derechos de los maestros, estudiantes y padres. 

“Es lamentable que tengamos que llegar al foro judicial para que Educación se vea obligado a hacer lo debido. Dejaron fuera del proceso a los protagonistas: maestros, padres y los alumnos que ven cómo su centro de reunión es clausurado”, sostuvo la profesora. 

“Es evidente que hay escuelas que no pueden cerrarse porque cumplen con los requisitos de excepción. Planteles modelos, con sobre 100 estudiantes o cuyas escuelas receptoras quedan muy distantes de a anterior. El secretario debe reevaluar esa lista y darle espacio a los consejos escolares para que se expresen sobre el particular”, abundó. 

El juez o jueza que atienda el caso evaluará el recurso y de proceder, expedirá una orden señalando una vista de injuction preliminar. 

Como respuesta a la demanda radicada por la Asociación, el Secretario de Educación comenzó a anunciar la apertura de varias escuelas luego de ser visitadas por él. Esto representa un primer logro para la Asociación.

Algunas de comunidades escolares de las escuelas que el Departamento de Educación pretende cerrar se encuentran en Vigilia Permanente hasta tanto no logren justicia. Otras de las acciones tomadas por estas comunidades escolares son piquetes frente a Educación.

 


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