La lucha Suprema

La lucha Suprema

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS) ha fungido sin duda como uno de los mejores aliados del Magisterio por las pasadas décadas. Al menos así lo demuestra el récord de las luchas que ha llevado la Asociación de Maestros de Puerto Rico a nivel judicial y las opiniones emitidas por el Tribunal Supremo sobre asuntos trascendentales para los docentes.

Ejemplo de ellos es que estas opiniones han obligado al Departamento de Educacion a realizar cambios en sus políticas en beneficio del magisterio, los estudiantes y la escuela pública.

Como ejemplo de esto podemos mencionar algunos temas:

• El tiempo de capacitación profesional que tienen los maestros.

• El detente al proceso de privatización que se intentó con los vales educativos.

• Las licencias políticas.

• El discrimen político.

• La protección de la clase de educación física.

• El descuento ilegal de cuotas y cargos por servicios a los maestros.

• El acceso a las escuelas (derecho a la libertad de organización), jurisprudencia que ha servido de referencia en las luchas de otros sindicatos y entidades.

“El magisterio puertorriqueño debe ver la judicatura como un aliado en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Me siento sumamente satisfecho pues los derechos del magisterio no se deben a que el Departamento de Educación (DE) los ha reconocido, sino a que el Tribunal Supremo los ha establecido como norma. Además, el tribunal, a mi juicio, siempre a reconocido a la Asociación de Maestros, una institución de sobre 100 años de historia, como la organización que representa cabalmente los derechos del magisterio. Se ha reconocido la legitimación activa, la capacidad de la AMPR de incoar pleitos en representación del magisterio. Las opiniones del Supremo hablan por sí solas, demuestran el respaldo que da la judicatura al magisterio y distingue la labor de la Asociación en que tales derechos se reconozcan”, explicó el licenciado Rafael Nadal Arcelay.

Como evidencia, el caso que inicia una trayectoria legal exitosa para la Asociación de Maestros fue el litigado en el Tribunal Supremo Federal por discrimen político en el 1983 Chardón v. Fumero. En este pleito unos 100 maestros demandaron al entonces Secretario de Educación Carlos Chardón, porque habían sido descendidos de sus puestos por discrimen político. La decisión del tribunal sentó jurisprudencia a nivel local y federal. “Así comienza la trayectoria y unión entre el bufete Cancio, Nadal y Rivera con la AMPR. Comprender que la lucha del magisterio hay que darla también en los tribunales es de vital importancia para lograr reivindicaciones que trasciendan gobiernos, partidos políticos y secretarios de educación. Si uno se siente agraviado uno acude a los tribunales para ser reparado. Los abusos contra el maestro son muchos, históricamente ha sufrido el desprecio de su patrono principal, el Departamento de Educación. La historia nos confirma esa expresión porque en el DE no hay una empatía hacia el maestro en resolverle sus problemas, sobre todo en los cambios de gobierno. Cada cuatro años hay una revuelta con los cambios de administración de partido y es el maestro en el salón de clases, el maestro en posición gerencial y como director de escuela el que sufre ese vaivén político, que en resumidas cuentas afecta sustancialmente la educación y los procesos de enseñanza de nuestros niños”, explicó Nadal Arcelay.

LICENCIA POLÍTICA

El Supremo le dio la razón a la AMPR en el caso Héctor Berberena v. Ileana Echegoyen, donde se cuestionaba la licencia política a la que tienen derecho los maestros. El Tribunal Supremo, atendiendo el derecho constitucional de igual protección de las leyes, expresó en la opinión emitida por el entonces juez asociado Federico Hernández Denton: “el servicio público requiere que esas personas (refiriéndose a los maestros) participen en la política activa porque reconocidamente tienen más talento que el promedio del pueblo de Puerto Rico de donde a veces se sacan los candidatos”.

“Esta expresión del Tribunal Supremo es la más importante ya que resalta el valor que tiene el maestro en nuestra sociedad. Este caso es una opinión escrita por el ahora juez presidente Federico Hernández Dentón a favor de los maestros, en la que históricamente se reconoce que el maestro es un servidor público de primer orden que tiene un sitial privilegiado con más talento que el promedio del pueblo de Puerto Rico. Esta opinión además reconoce y distingue la preparación, dedicación y el trabajo que hace el maestro. Tiene mucho significado y ese ha sido el comportamiento del juez presidente actual en sus opiniones pues siempre ha reconocido en ellas al maestro puertorriqueño y la labor que realiza”, argumentó el abogado que ha llevado cientos de casos de maestros por más de tres décadas.

PRIVATIZACIÓN

De otra parte, con el caso AMPR v. José Arsenio Torres el Tribunal Supremo, en una opinión de Hernández Denton, estipuló que: “no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”. Para el abogado Nadal Arcelay, “con este caso la AMPR salvó el sistema de educación pública de un intento de privatización al paralizar los vales educativos. El exgobernador Pedro Rosselló en el año 1992, adoptó una tendencia norteamericana de establecer los vales educativos en el país. Esto tuvo tantas variantes como reacciones en oposición. Si recordamos, primero era una exención contributiva, luego un donativo, luego un cheque y finalmente el vale.

Ante esto, la AMPR invocó el Artículo II, Sección 5 de la Constitución que tiene que ver con la educación pública y la utilización de los fondos públicos para el sistema educativo privado”.

ACCESO A LAS ESCUELAS

Otro de los casos trascendentales sometido por la Asociación en los tribunales, fue el conocido como el de acceso a las escuelas y que estableció precedente en el Derecho Constitucional. En esta opinión del Tribunal Supremo y también emitida por el juez Hernández Denton se revocó el dictamen del Tribunal del Circuito de Apelaciones, en la que se resuelve: “el Departamento de Educación no puede prohibirle a la Asociación de Maestros de Puerto Rico ni a Educadores Puertorriqueños en Acción que se expresen sobre los términos y condiciones de empleo en los planteles escolares públicos durante horas no laborables, incluyendo la hora del almuerzo, al dirigirse a todo el personal adscrito al Departamento de Educación, sean o no afiliados a sus organizaciones”.

“Ésta para mí era una estrategia de la gobernadora de ese entonces para aniquilar a la Asociación pues no nos dejaba entrar a las escuelas públicas del país para comunicarnos con nuestros asociados y para reclutar como miembros a nuevos socios”, reflexionó el licenciado.

Así mismo, en este tribunal moderno “se vio el pleito AMPR v. César Rey y es bien importante porque a mi juicio salva la Educación Física en Puerto Rico. La Educación Física como las Bellas Artes nunca han tenido mucha importancia en el DE y la única forma que se han podido mantener como parte de una educación integral es acudiendo a los tribunales. Tuvimos que acudir al tribunal invocando la ley 146 - 2000 y se estableció mediante esta opinión que cada escuela, tiene que proporcionar a sus estudiantes un mínimo de 3 horas semanales de educación física. Además se estableció que cada escuela con más de 250 estudiantes se nombrarían maestros adicionales por cada 250 estudiantes o fracción. Al día de hoy y con este mandato la Asociación vela para que se esté ofreciendo este curso en todas las escuelas del país con el personal nombrado”, afirmó Nadal Arcelay.

La opinión emitida en este caso por el juez asociado Eric V. Kolthoff Caraballo establece que: “se ordena expresamente que dicho currículo incluya como requisito los cursos de educación física. Por consiguiente, conforme a la Ley, el Secretario no tiene facultad para eliminar los cursos de educación física del currículo”.

DESCUENTO ILEGAL DE CUOTAS QUE HIZO LA FEDERACIÓN

Los casos en los que se han visto los resultados más recientes son los del descuento ilegal de cuotas que hizo la Federación a sobre 18 mil maestros que no se habían afiliado a esta y la inconstitucionalidad de los artículos que menoscaban los derechos adquiridos de los maestros en la Ley 160-2013 del Retiro. En cuanto al descuento ilegal de cuotas que hizo la Federación, estos eran maestros asociados que le notificaron a esa organización que a tenor con la Ley 45-1998 no querían su representación y la Federación continuó descontándoles cuota. El Tribunal Supremo, por voz del juez Hernández Denton, emitió una decisión declarando ilegal los descuentos. 

RETIRO

La AMPR argumentó ante el Tribunal Supremo en el caso del Retiro que una reforma a un sistema de retiro gubernamental será constitucional sólo si “las medidas implantadas son razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin”, según reza la opinión del propio Supremo.

“Estos casos demuestran el tesón que tiene la Asociación cuando defiende y representa a la maestra, al maestro, a la escuela pública pues lo hace hasta las últimas consecuencias. Al día de hoy, el DE tiene presente que la AMPR está dispuesta a invertir dinero para proteger a los maestros acudiendo formalmente con representación legal a los foros que sean necesarios” concluyó el letrado.

 


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