Escuelas “charter ”: ¿privatización del derecho humano a la educación?

Escuelas “charter ”: ¿privatización del derecho humano a la educación?

En las últimas décadas, la amenaza de la modalidad de privatización del sistema público de enseñanza conocida como “escuelas charter”, se ha cernido sobre el país en reiteradas ocasiones, sin importar la ideología política del partido que ostente el poder gubernamental. Parecería que, dentro del catálogo de posibles soluciones para atender los males que aquejan al Departamento de Educación (DEPR), esta es la estrategia prevalente; aquella que revertirá años y años de una pésima administración de los servicios educativos, a pesar del esfuerzo de los docentes y de las capacidades intelectuales de los estudiantes puertorriqueños. En teoría, estas escuelas deben ser centros educativos que se crean para que funcionen de manera independiente, dirigidas por maestros, padres, líderes comunitarios o “empresarios de la educación”, al amparo de una carta constitutiva que le otorga la agencia y con la que contraen el compromiso de cumplir con una serie de criterios. Se supone, además que, al operar con mayor “libertad” y sin las limitaciones que tienen  as escuelas convencionales, sean innovadoras en sus prácticas y que puedan atender de manera asertiva a los estudiantes, a partir de sus necesidades particulares. Este modelo se sostiene gracias a la idea generalizada de quelas entidades privadas, como los empresarios, son el dínamo que provoca el desarrollo social y el progreso; no así el Estado, al que se le considera ineficiente en la prestación de servicios a los ciudadanos. En el ámbito educativo, esto se traduce en la creencia de que el sistema de educación privado es necesariamente mejor. Las pruebas estandarizadas vienen a ser la evidencia con la que, al comparar indiscriminadamente ambos sistemas, se construye una imagen peyorativa y de minusvalía de la escuela pública.

Por otro lado, se consigue que la privatización de los procesos educativos sea la primera opción a considerar, cuando se utiliza un discurso de desvalorización de la figura del maestro y de la maestra, ya sea desde la oficialidad del gobierno o desde los medios de comunicación social y cuando se les menoscaban sus derechos y su digna remuneración.

La manifestacion de la AMPR, provoco un cambio en la intención que tenía el Gobierno consiguiendo que el gobernador Luis Fortuño, el Secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez y el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi se unieron para defender la escuela pública y decir no a las escuelas charters. al comparar indiscriminadamente ambos sistemas, se construye una imagen peyorativa y de minusvalía de la escuela pública.

La implementación de esta práctica en EEUU y en países de Latinoamérica evidencia los efectos negativos de la puesta en práctica de este tipo de iniciativas. Por ejemplo, el estudiante, razón principalísima del sistema educativo, se ve inmerso en una competencia insana en la que trata de descollar en unas pruebas normativas que, a la postre, abren más la brecha de la desigualdad educativa y social. Los programas académicos persiguen alcanzar unos estándares, en su mayoría foráneos, que no responden a la idiosincrasia y a la realidad del estudiantado. Al magisterio se le somete a otras formas de la privatización de la esfera educativa: la de su formación docente, la deldesarrollo del currículo y la de la asesoría pedagógica. Por otro lado, ha quedado evidenciado que muchas de las escuelas bajo este tipo de administración han fracasado debido a la falta de cumplimiento académico, particularmente con los estudiantes de educación especial y al manejo inadecuado de fondos, entre otras consideraciones.

Cabe, ante este escenario, dar respuesta a esta importante pregunta: Si la educación es un derecho humano fundamental, ¿en qué medida el Estado, al privatizar el sistema educativo con iniciativas de esta naturaleza, renuncia a su rol de garante de este derecho humano? La respuesta es evidente.

Sin embargo, si lo que el gobierno pretende genuinamente es que la escuela funcione autónomamente, que esté dirigida por quienes realmente tienen el compromiso de cumplir con tan ingente responsabilidad social; que sea constituida con objetivos claros, que tenga libertad en sus prácticas y lineamientos para que forme a un ser humano integral, tomando en consideración sus necesidades y diferencias, no tiene renunciar a su deber implementando las “escuelas charter”. Simplemente, tiene que poner en vigor – mejorar y ampliar – la Ley Orgánica del Departamento de Educación (Ley 149) creada por quienes sí fueron electos democráticamente para representar al pueblo. La misma, con sus virtudes y defectos, contiene un proyecto de escuela nuestra. El gobierno, por tanto, debe asegurarse que deje de ser “letra muerta”. A quienes valoramos a la ya centenaria escuela pública puertorriqueña, ya sea porque nos formamos en ella o porque, como docentes, nos sentimos parte constituyente de la misma, nos corresponde defenderla por todos los flancos. Esa es la consigna que debe guiar nuestras acciones. En esta empresa, la Asociación de Maestros de Puerto Rico no abdicará en su responsabilidad patriótica. Defendamos, todos, nuestra escuela.

La lucha por la defensa de la escuela pública que ha dado la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) es histórica y se da desde sus inicios. Sin embargo se agudizó el pasado 17 de octubre del 2011 cuando se convocó al Magisterio a la manifestación que paralizó la entrada de las escuelas charters a Puerto Rico. La misma se llevó a cabo durante la cumbre de Educación que se realizó ante la visita del secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan. Esta acción nos llevó a enfrentar una querella sometida por dos maestras federadas ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que determinó paralizar la orden de elección sindical solicitada por la AMPR, que busca convertirse en el representante exclusivo de la unidad apropiada docente del Departamento de Educación (DE). Tras un largo proceso judicial el Tribunal Supremo ordenó que prevaleciera una decisión del Tribunal Apelativo para que la CASP continúe con el proceso de elección solicitado por la Asociación.


Comentarios

No hay comentarios

Hacer Comentario

Tendencias

Publicaciones Recientes