AMPR pide proceso justo hacia los Maestros ante alegaciones de maltrato

AMPR pide proceso justo hacia los Maestros ante alegaciones de maltrato

PONENCIA de la Asociación de Maestros de Puerto Rico en torno a la RS 141 que ordena una investigación sobre sanciones a maestros sin procesos de investigación correspondiente, del 29 de enero de 2018. Participaron los compañeros Omayra L. López Burgos, directora de la Oficina de Servicios al Asociado, Asuntos Sindicales y Administración de Convenio, junto la profesora Grichelle Toledo Correa, secretaria general de la Asociación de Maestros-Local Sindical y el señor Miguel Cortés, director de la Oficina de Conciliación y Arbitraje de la Local Sindical.

Pueden leer la Ponencia aquí:

Muy buenos días, Honorable Abel Nazario Quiñones, Presidente de la Comisión de  Educación, Arte y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico y demás miembros. Comparece ante esta Honorable Comisión, Omayra L. López Burgos, Directora de la Oficina de Servicios al Asociado, Asuntos Sindicales y Convenio Colectivo de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), en representación de su Presidenta, Doctora Aida Díaz. Me acompañan la profesora Grichelle Toledo Correa, Secretaria General de la Junta Local Sindical  y el señor Miguel A. Cortés Santiago, Administrador del Convenio Colectivo,  para emitir nuestro análisis, comentarios y posición en torno a la Resolución del Senado (RS) 141, que lee como sigue:

Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias públicas de un grupo de maestros sobre los procedimientos en las escuelas y a través del distrito y las regiones educativas, sobre las quejas sin fundamentos que terminan en sanciones sin los procesos de investigación correspondientes.

La legislación que se encuentra ante nuestra consideración, persigue encontrar respuestas al problema que tenemos de fondo: maestros que son removidos de sus puestos cuando son acusados de algún acto, sin que medien procedimientos que validen su presunción de inocencia.

Deseamos señalar que la Asociación de Maestros-LS, ha manejado en los últimos años, sobre 300 casos de alegado maltrato y/o negligencia institucional. Nuestra oficina interviene de manera regular con casos de maltrato institucional en donde el Departamento de Educación impone sanciones, sin pruebas, declaraciones juradas, testigos y sin evidencia física.

Gran parte de la lógica que investiga esta Comisión está contenida en la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Esta Ley dispone que es un deber del Estado, a través de las diversas agencias del Gobierno de Puerto Rico, garantizar la integridad de todos los menores y establece los mecanismos administrativos en caso de que alguna persona o funcionario sea acusado de maltrato, maltrato institucional o negligencia. En el caso nuestro, lo correspondiente al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), respaldamos el Estado de derecho vigente, que apunta a la protección de los derechos y la integridad física y emocional de los niños de nuestro país.

Debemos consignar que no estamos en contra de la Ley 246-2011. Como organización que representa a los maestros del Sistema Público de Enseñanza del país, creemos y adoptamos firmemente lo dispuesto en el Artículo 2 de dicha Ley, en donde dispone que:

“Los menores tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano, en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.”

“Los menores tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que les causen o puedan causar la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.”

Entendemos que, en este caso, se puede apreciar un choque de derechos y que el Estado dentro de su obligación de Parents Patrie tiene el deber de velar por el mejor interés del menor. Pero esta obligación del Estado no puede darse en el contexto de una clara y crasa violación a los Derechos Constitucionales de los maestros. Es por esta razón que la AMPR, junto a su Local Sindical, entiende que debemos intervenir y esgrimir ante esta Honorable Comisión nuestra postura al respecto.

La AMPR y su Local Sindical, como representante exclusivo del magisterio, entiende que se debe atemperar el proceso de implantación de dicha ley en las escuelas del país a los Derechos Constitucionales y Civiles que nos protegen. Esto debido a que los casos por maltrato institucional se han disparado desde la aprobación de la Carta Circular 11-2015-2016. Nuestra institución, por medio de nuestros abogados, ha atendido alrededor de 300 casos en dos años. En 2016, se atendieron un promedio de 90 casos y en 2017 se atendieron alrededor de 200 casos.

Es de justa importancia comprender el proceso que los funcionarios del DEPR siguen en la actualidad en el manejo de este tipo de casos, por lo cual debemos aclarar y subrayar lo siguiente:

En primer lugar, debemos puntualizar que el padre, madre o tutor del menor puede radicar una querella por maltrato institucional y/o negligencia institucional en tres foros: la Policía de Puerto Rico (PPR); el Departamento de la Familia (DF); y el Departamento de Educación (DEPR).

En segundo lugar, aunque entendemos que la jurisprudencia ha dispuesto que el que hayan procedimientos en distintas agencias no violenta la cláusula de doble exposición de la Constitución, no es menos cierto que el exponer al maestro a procesos en tres foros distintos es uno dilatorio de la resolución de la querella.

En tercer lugar, una vez hay una queja, el Director o el Trabajador Social de la escuela asesoran al padre sobre su derecho a radicar una querella en la PPR,  en el DF y en el DEPR. Este es el procedimiento que se sigue, en vez de realizar una investigación de los hechos alegados y luego de la investigación, si se encuentra que el maestro no incurrió en maltrato, realizar una reunión de conciliación entre las partes.

En cuarto lugar, el Director  o el Trabajador Social de la escuela, ante la mera sospecha de que haya un maltrato o negligencia hacia algún menor, puede radicar una querella a favor de dicho menor. Es en este escenario donde sugerimos a esta Comisión que el proceso sea enmendado, ya que estos funcionarios refieren al DF alegados actos de negligencia y/o maltrato, y luego realizan referidos a la División Legal del DEPR, sin mediar ningún análisis de la situación. Entendemos que, en alegados casos de abuso o explotación sexual, se debe seguir este proceso, pero en cualquier  otro caso se debe realizar una investigación rigurosa y luego una reunión de conciliación entre las partes, antes de someter cualquier querella. Ello, sobre el entendimiento que el padre, madre o tutor le asiste el derecho de radicar la querella cuando entienda conveniente, y donde entienda correcto.

En quinto lugar, luego el maestro o la maestra, una vez medie una querella, puede ser separado de su puesto por vía de una medida cautelar en algún puesto administrativo en alguna oficina del DEPR. Entendemos que este tipo de acción es humillante y opera en detrimento de la salud emocional del maestro, ya que los procesos no son ágiles y, en ocasiones, los mantienen en medida cautelar por años, sin que se haya dictaminado ninguna violación a la ley. Por otro lado, el proceso administrativo violenta la presunción de inocencia recogido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo 2, sección 11. Se puede determinar esa violación a la presunción de inocencia en la medida que remueven de la escuela a un docente, sin mediar una investigación de los hechos o una determinación final ya sea judicial o administrativa.

En sexto lugar, el DEPR realiza sanciones sin llevar a cabo un proceso justo de investigación. Esto, debido a que las investigaciones de las querellas en el DF y en la PPR se realizan paralelamente, y sin estar supeditada a que los trámites en otras Agencias concluyan.

Se desprende de este proceso que los maestros, en algunas ocasiones, se exponen a tres procesos para dilucidar la querella en su contra, es decir un proceso criminal en el tribunal de justicia y dos procesos administrativos en el DF y el DEPR. Una vez la PPR le presenta la evidencia a un fiscal y se determina que no se configuró el delito por el cual se le acusa al maestro, se desestima la querella. A su vez, inicia el proceso administrativo en el DF, el cual es la agencia que ostenta el peritaje en estos casos. Esta agencia investiga el caso y determina si la querella tiene fundamento o no. Cabe señalar que inmediatamente que al maestro se le radica una querella por maltrato o negligencia institucional, el mismo es colocado en el Registro Central de Alegados Maltratantes del DF. De resultar sin fundamento la querella, el maestro tiene que pasar por un proceso de solicitar la remoción de su nombre de dicho registro en un periodo no mayor de treinta (30) días. Durante todo este proceso, que puede durar entre tres meses a un año, y a veces más tiempo, el maestro puede encontrarse en medida cautelar en alguna oficina administrativa del DEPR. En este caso, el maestro es señalado y vejado sin que se le haya encontrado causa en alguno de los tres procesos por los cuales tiene que pasar en la actualidad.

Como organización magisterial que representa sindicalmente a los maestros, solicitamos a esta Honorable Comisión que se enmiende la legislación actual para que se:

1.      Realice una investigación de los hechos alegados por parte del Director o el Trabajador Social y que se paute una posterior reunión de conciliación entre las partes, en casos en donde las alegaciones no sean de índole sexual, para resolver la situación en la escuela. De esto no rendir frutos, seguir con el proceso dispuesto en la reglamentación vigente.

2.      Otorgue celeridad a estos procesos para que el maestro no sufra de aislamiento por vía de la medida cautelar.

3.      Oriente a los maestros sobre sus derechos a estar representados legalmente en cualquier reunión o proceso que se desprenda de una querella de este tipo.

4.      Oriente a los maestros sobre su derecho constitucional a no declarar sin tener un abogado presente según se dispone en el Artículo 2, sección 11 de nuestra Constitución.

Emitimos nuestros comentarios ante esta Comisión con el fin de que, entre los hallazgos y recomendaciones que brinden, puedan tomar a bien nuestras recomendaciones con el fin de establecer un sistema investigativo más justo y sensible con los servidores públicos que tienen la responsabilidad de trabajar directamente con la formación de la niñez y juventud del País.

Agrademos la oportunidad que nos brindan y nos reiteramos a la disposición de colaborar en cualquier otra información que nos sea requerida por esta Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico.

Respetuosamente sometido,

Dra. Aida Díaz de Rodríguez, ED. D.

Presidenta

 

Por conducto de Omayra L. López Burgos

Asociación de Maestros de Puerto Rico

 

                                                                        


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